SOBRE LA PROHIBICIÓN DE GRABACIÓN A LOS AGENTES DE LAS FUERZA Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y LA RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Son frecuentes los casos que nos encontramos, en los que en una actuación policial en ocasiones los ciudadanos, al considerar que por cualquier motivo dicho dispositivo o en su caso detención no es proporcional, proceden a la grabación o captación de  imágenes de dichos agentes, con el fin de obtener una prueba de cara a una posible sanción o procedimiento. 

En numerosas ocasiones, el intento de este tipo de grabación de imágenes desemboca en algunos casos, en procedimientos por desobediencia o incluso en delito de atentado contra la autoridad, cuando en realidad el motivo que originó la intervención de los agentes pudo ser una simple sanción de aparcamiento. 
Vamos analizar por tanto, en qué se basan en determinados casos, las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad para impedir la grabación de dichas imágenes y en qué sentido se ha pronunciado Tribunal Constitucional recientemente: 
Por un lado, la Ley de Seguridad Ciudadana en su artículo 36.23, menciona lo siguiente El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.
Por tanto, debemos señalar que se centrar en la prohibición de la captación de imágenes en los siguientes supuestos: 
  • Genere una situación de peligro para los agentes
  • Genere una situación de peligro para en entorno personal o familiar de estos
  • Ponga e riesgo el fin de una operación
Pues bien, el Tribunal Constitución se ha pronunciado sobre este tema en una reciente sentencia de fecha 19/11/2020, no avalando dicho precepto, en base a los siguientes argumentos: 

En primer lugar, se centra en el empleo del término “autorizado”, es decir que la grabación de dichas imágenes esté sujeta a la autorización de la administración. Viene a decir: “dado que sujeta a la obtención de autorización administrativa previa la actividad consistente en usar imágenes o datos de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, resulta contrario a la interdicción de censura previa ex art. 20.2 CE, de modo que procede declarar la inconstitucionalidad del inciso “no autorizado” de dicho precepto.
En segundo lugar, analiza, la sanción de la captación de imágenes en relación a la situación de riesgo que pudiera derivarse para los agentes de la autoridad para expresar que : Solo será sancionable, por tanto, el acto de publicar o difundir de algún modo, sea por medios tradicionales o a través de los cauces que ofrece las tecnologías  de la información y comunicación, como redes sociales u otras plataformas análogas, de tal manera que no bastara la mera captación no seguida de publicación o difusión de tales imágenes o datos. Además, poniendo en relación al tipo infractor con bienes jurídicos de gran calado constitucional como la protección de la vida privada y familiar”
Y concluye en relación a este precepto,  señalando que el aplicador, en este caso los policías o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado;  deberá afrontar un juicio de ponderación de tal modo que únicamente sean merecedores de sanción quienes realicen este tipo de conductas que supongan un peligro para los bienes jurídicos tutelados como pueden ser la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o pongan en riesgo el éxito de una operación, como señala el texto del precepto y que sopese expresamente los elementos de cada caso singular, tanto los que agraven como los que reduzcan la necesidad de protección del derecho a la información y que son:
  1. la comprobación de si las imágenes o los datos difundidos pertenecen a la vida privada o se relacionan con la actividad oficial de las autoridades o agentes. 
  2.  el examen de qué relevancia pública tiene la difusión de esas imágenes o datos, atendiendo a las circunstancias fácticas.
  3.  en particular a la presencia o no de un suficiente interés general en conocer esas imágenes o datos. 
¿Quiere decir esta sentencia que vayamos grabando a los policías cada vez que actúan? NO. Pero desde luego, la mera grabación de una actuación policial siempre dentro de los términos que se expresan, no tienen que conllevar obligatoriamente una sanción. 
Sin comentarios

Publicar un comentario